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Demanda Legal Histórica Sometida en contra de la República Dominicana ante la CIDH

Individuos de ascendencia haitiana alegan violaciones de sus derechos humanos

 
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Contacto de prensa:
Nancy Goldfarb 212-854-1584 nancy.goldfarb@law.columbia.edu
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16 de abril de 2009, Washington D.C. — El día de hoy, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Columbia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), y el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) sometieron en conjunto una demanda legal histórica a nombre de veintiocho haitianos/as y dominicanos/as de ascendencia haitiana  en contra de la República Dominicana. Los peticionarios acusan a la República Dominicana de violar sus derechos humanos a través de una práctica de expulsiones masivas, y buscan un cambio en las continuas violaciones del debido proceso cometidas por las autoridades de inmigración dominicanas. La demanda fue sometida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
“Los oficiales dominicanos reunieron a civiles inocentes, incluyendo niños, en algunos casos a media noche, y los detuvieron en autobuses y cárceles sin acceso a comida, agua, baños, o teléfonos, antes de enviarlos al otro lado de la frontera,” sostuvo Caroline Bettinger-López, Asistente al Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia. “El gobierno dominicano seleccionó a nuestro representados -muchos de los cuales hablan español y no francés creole – para la deportación simplemente porque tenían la piel oscura o tenían nombres que sonaban haitianos. En ningún momento intentaron determinar su verdadera nacionalidad antes de deportarlos a Haití,” dijo Bettinger-López.
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales en el 2000 para proteger a los peticionarios, quienes fueron víctimas de deportaciones masivas en 1999 y 2000 por parte de las autoridades dominicanas. Fueron deportados sin aviso ni juicio previo y no contaron con la oportunidad de recoger sus pertenencias o comunicarse con sus familias. En algunos casos, las actas de nacimiento dominicanas de los peticionarios fueron destruidas por oficiales dominicanos, quienes incluso llegaron a gritarles insultos raciales. Los peticionarios, cuyos nombres han sido reservados por razones de confidencialidad, residen en la República Dominicana y en Haití bajo la protección de las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
Estas medidas provisionales han sido renovadas y ampliadas seis veces; la ocasión mas reciente fue en el 2006. Las medidas requieren que el gobierno dominicano permita que los peticionarios regresen y viajen sin restricciones a través de la República Dominicana, y ordenan al gobierno dominicano a tomar medidas para protegerlos.
 
El gobierno ha fallado repetidamente con respecto a su obligación de cumplir con estas medidas. El estado ha continuado con patrones de abuso que incluyen la destrucción de documentos de identidad que fueron creados en base a las medidas provisionales por parte de oficiales de la frontera y la negación de reemplazar estos documentos, dejando a los peticionarios sin la oportunidad de entrar la República Dominicana, el cual es uno de los derechos explicitamente provistos por las ordenes de la Corte.
 
“Esto caso presenta a la Comisión una oportunidad importante para declarar por la primera vez que las expulsiones masivas violan las obligaciones fundamentales de derechos humanos. Este es un problema de derechos humanos urgente, no solo en las Américas, sino alrededor del mundo,” señaló Francisco Quintana, de CEJIL.
 
La CIDH y la Corte Interamericana son los órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que están a cargo de monitorear y promover los derechos humanos en el hemisferio oeste. Cinco casos han sido presentados en contra de la República Dominicana en el sistema Interamericano de derechos humanos. El primer caso resulto en la decisión histórica de Yean y Bosico vs. República Dominica  de 2005, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que el gobierno dominicano había negado ilegalmente la nacionalidad – y el derecho paralelo a la educación – a niños nacidos en la República Dominicana de ascendencia haitiana. . Otro caso pendiente ante la Comisión es el caso de la Masacre de Guayubín, en el cual el ejército dominicano ha sido acusado de disparar a un camión lleno de civiles, incluyendo muchos trabajadores migrantes procedentes de Haití.
 
En la CIDH, siete expertos en materia de derechos humanos eventualmente decidirán la pregunta fundamental de este caso: si las expulsiones fueron arbitrarias y violaron los derechos de los peticionarios a la libertad, propiedad, nacionalidad, unidad familiar, debido proceso, y no-discriminación bajo la Convención Americana de Derechos Humanos, un tratado de derechos humanos del cual la República Dominicana forma parte.
 
“Una decisión favorable de la Comisión podría llevar a cambios significativos, no sólo para las vidas de nuestros clientes, sino también para todos los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que residen en la República Dominicana,” dijo Crystal López, una estudiante de derecho que ha trabajado en el caso por los últimos dos años.
 
Si el gobierno ignora las recomendaciones de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – cuyas decisiones son vinculantes y ejecutables, podría eventualmente oír el caso.

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